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Vuelve a juicio por tercera vez la trabajadora del Sergas acusada de acceder al historial clínico de su hija sin permiso

Fiscalía pide 4 años de cárcel y 9 de inhabilitación, además de una multa de 7.200 euros

VIGO, 24 (EUROPA PRESS)

La trabajadora del Sergas de Vigo que fue juzgada y absuelta en dos ocasiones tras acceder al historial clínico de su hija sin su autorización, volverá a sentarse en el banquillo, después de que, por segunda vez, la sentencia absolutaria fuese anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La vista se celebrará este lunes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

La mujer fue juzgada en 2019 por primera vez después de que se constatase que había accedido hasta en 69 ocasiones en el historial clínico de su hija sin el permiso de ésta. La Audiencia consideró que no se podía probar sin duda que no hubiera esa autorización e incluso advertía de que podría haber motivos espúreos en la denuncia de la hija (con la que tiene mala relación), por lo que absolvió a la acusada.

Ese mismo año, el TSXG revocó esa sentencia y ordenó repetir el juicio al considerar que se habían vulnerado las reglas de distribución de la carga de la prueba, que hubo error en la valoración de ésta y que no hubo explicación razonada.

La vista se repitió en 2021 y, de nuevo, la Audiencia absolvió a la acusada. En verano de ese año, el TSXG volvió a estimar recurso de la denunciante y de la Fiscalía, y de nuevo anuló la sentencia, prácticamente con los mismos argumentos que en la primera anulación, y ordenó repetir el juicio, que ha sido fijado para este lunes.

HECHOS

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la mujer, aprovechando su condición de trabajadora del Sergas en el servicio de Admisión, accedió al historial médico de su hija en decenas de ocasiones entre junio de 2012 y abril de 2014.

En los juicios celebrados, la mujer afirmó que contaba con permiso de su hija y que lo hacía porque estaba preocupada por su salud. El ministerio público también expone que no hay pruebas de que la acusada difundiera la información obtenida.

Con todo, la Fiscalía la considera autora de un delito de revelación de secretos relativos a la salud por parte de funcionario público, y pide que sea condenada a 4 años de prisión, 9 años de inhabilitación y el pago de una multa de 7.200 euros.


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