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El gobierno de Vigo defiende su actuación para preservar la Panificadora frente a la “especulación”

Acusa al TSXG de “cercenar de forma grave e injustificada” la autonomía del Ayuntamiento

VIGO, 6 (EUROPA PRESS)

El gobierno municipal de Vigo ha emitido un comunicado tras hacerse pública la sentencia que anula la modificación puntual del PEPRI Casco Vello en el ámbito de la Panificadora, y ha defendido su actuación para preservar ese patrimonio industrial frente a la “especulación” de quienes pretendían lucrarse con la edificabilidad inicialmente prevista (y luego eliminada) en ese ámbito.

Al respecto, la concejal de Urbanismo, María José Caride, ha subrayado, en primer lugar, que la sentencia del TSXG “no es firme”, y que da la razón a una parte de los propietarios de la Panificadora, “que siempre pretendieron derribar ese enclave industrial para construir torres residenciales”.

Según ha subrayado, el gobierno municipal “empleará la legislación existente para preservar la Panificadora, defenderá sus acciones y la defensa del interés general de la ciudad”, y ha confirmado que presentará recurso de casación.

Asimismo, ha ratificado también que incorporará el desarrollo de ese ámbito “en la revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)”, actualmente en tramitación.

Por otra parte, ha recordado que el Ayuntamiento, en aras de rehabilitar y poner a disposición de la ciudad ese espacio, le asignó un uso dotacional, estableciendo la vía de la expropiación para compensar los bienes y derechos afectados.

También ha subrayado que, desde 1997 a 2007, “los gobiernos del PP y del BNG planificaron el derribo de la Panificadora otorgando edificabilidad residencial a la propiedad”, y que la pretensión inicial de los dueños era la demolición de los edificios para construir “tres grandes torres”, conservando solo los silos de la Panificadora. “Una situación de prevalencia de la especulación sobre la preservación del patrimonio industrial y el interés general que cambió con la llegada de Abel Caballero a la alcaldía de la ciudad”, ha recalcado la edila socialista.

La responsable municipal de Urbanismo ha incidido en que el gobierno local trabaja desde 2007 para proteger la Panificadora, rehabilitarla y transformarla “en un punto de encuentro y de prestación de servicios para la ciudadanía”.

Al respecto, ha puntualizado que la anulación de la modificación puntual del PEPRI no descataloga las edificaciones protegidas, por lo que no es posible su derribo.

RECURSO DE CASACIÓN

Finalmente, ha explicado que el recurso de casación por parte del Ayuntamiento permitirá evitar la destrucción del patrimonio industrial de la ciudad, facilitar la creación de un ámbito dotacional y regenerar el entorno, además de actuar “como límite contra los comportamientos especulativos”.

Al respecto, ha apuntado que el recurso defenderá la legalidad de la actuación municipal con varios argumentos. Por un lado, recuerda que los informes de la Xunta acreditan la “adecuación a derecho” de la modificación del PEPRI y, además, añade que dicha modificación se adapta a la previsión específica del artículo 71.2 de la Lei do Solo de Galicia.

En dicho artículo, se permite al PGOM calificar “genéricamente como equipamiento de uso dotacional múltiple, dejando la definición del uso específico para un momento posterior”. Esta consideración, abunda la concejal, está en línea con la libertad que la propia Lei do Solo otorga a los ayuntamientos para modificar el tipo de dotación mediante un acuerdo plenario.

“Esta sentencia, por tanto, desconoce y deja sin contenido la autonomía, potestad y competencia municipales reconocidas en la ley”, ha advertido Caride, que ha señalado también que la resolución del TSXG “equipara, sin causa legal que lo justifique, los sistemas generales a los locales, e impide cualquier modificación de los mismos que no se realice a través de una modificación del PGOM”.

De este modo, ha considerado, “se cercena de forma grave, injustificada y sin amparo legal, la autonomía del Ayuntamiento atribuida por ley y la posibilidad de atender con celeridad las necesidades dotacionales de los ciudadanos”.

Finalmente, ha subrayado también que, en el procedimiento judicial, “no se citó ni se escuchó al Consorcio de la Zona Franca de Vigo”, a pesar de ser parte interesada porque contribuirá a la ejecución de las expropiaciones y a la puesta en valor del enclave.


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