La Audiencia anula la prórroga de las concesiones otorgadas a las empresas del polígono mosense de Monte Faquiña

El Ayuntamiento considera esta decisión una “tremenda injusticia” y las compañías recurren la sentencia al Supremo

VIGO, 1 (EUROPA PRESS)

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado plenamente el recurso de apelación interpuesto por la Comunidad de Montes Vecinales en mano común de Tameiga, anulando la prórroga de las concesiones otorgadas a las empresas del polígono de Monte Faquiña, ubicado en la localidad pontevedresa de Mos.

Esta resolución ocurre después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de O Porriño fallase a principios del año pasado a favor de las compañías, declarando prorrogados tácitamente los contratos de derecho de superficie firmados años atrás por cinco compañías durante 25 años más, a contar desde la fecha en que hubieran alcanzando los primeros 50 años.

Sin embargo, ahora la Audiencia ha revocado esta decisión, explicando que las prórrogas nunca llegaron a ser firmadas por el Ayuntamiento de Mos, pese a que sí había un compromiso verbal de que se concederían dichas prórrogas.

Todo ello después de que entre 2016 y 2017 se formalizase un cambio de titularidad de los terrenos donde se ubican las empresas, que pasaron de estar en manos del gobierno local a la Comunidad de Montes. Esta asociación se negó a aceptar dicha prórroga, que nunca llegó a ser firmada aunque sí estaba pactada, porque informaron de que al acabar la concesión inicial subirían el precio que pagan las empresas por metro cuadrado.

Ahora la Audiencia Provincial le da la razón, indicando que esta prórroga sí hubiese necesitado una tramitación concreta y una “ineludible” resolución por el Pleno de la corporación (cuando estaban los terrenos en manos del Ayuntamiento). Sin embargo, no se llevó a cabo.

“En el campo indiciario no se explica, aceptándose el repetido compromiso de la regidora, que lo pactado no fuese sometido a tramitación y resolución por el Pleno municipal. Se alega que ‘no dio tiempo’ a la formalización al dictarse la sentencia en 2016 (de cambio de titularidad), pero lo cierto es que la alcaldesa, Nidia Arévalo, tomó posesión de su cargo en 2009, la presentación de la demanda se produjo en 2015 y la sentencia se dictó en 2016. Cuesta creer que las demandantes no conocieran la tramitación del procedimiento y todavía menos que la Alcaldía no pudiese formalizar el alegado pacto con las actoras, no ofreciéndose motivo razonable o causa justificada que permita razonar en contrario”, explican los magistrados.

Esta sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, vuelve a situar en el punto de partida a las compañías, que en su día anunciaron contactos con Portugal para un posible traslado de sus factorías al norte del país vecino en caso de que la Comunidad de Montes les multiplicase el precio que pagan en la actualidad.

EMPRESAS AFECTADAS

En concreto, las compañías afectadas son Redphone Galicia, Telenet Central Logística, Distribuciones Alonso Otero, Blanco Quintás y Autocares García. Todas ellas habían prorrogado su concesión otros 25 años más, tras inversiones millonarias en sus instalaciones. Ahora la Audiencia Provincial ha anulado esta decisión.

Por ello, han recurrido la sentencia de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, contando con el apoyo del Ayuntamiento de Mos, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Nidia Arévalo considera que esta situación es una “ofensiva clara contra el Ayuntamiento, las empresas y los vecinos por parte de la Comunidad de Montes de Tamiega”, además de una “tremenda injusticia” con la que se pretendía incluso “poner en peligro la vivienda y los terrenos propiedad de particulares”, además de a las compañías.

Desde el Ayuntamiento han recordado que el conflicto se inició después de que los tribunales otorgasen la propiedad del suelo que ocupan las empresas a la Comunidad de Montes. A partir de ahí, los comuneros decidieron no respetar las condiciones de los contratos, tratando de multiplicar por más de 10 el precio que pagan las empresas por estar allí asentadas.

Con el fallo de la Audiencia Provincial surge de nuevo una situación de incertidumbre, por lo que el gobierno local espera que el Supremo pueda dar seguridad jurídica a las empresas.